Plazo máximo de pago de 60 días entre empresas. El Tribunal Supremo pone coto a los grandes contratistas.

Desde que se aprobara la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales., hace ya más de diez años, se ha hablado mucho del plazo máximo de pago de 60 días entre empresas y de la posibilidad que tenían las mercantiles contratantes de aumentar dicho plazo en el que se podía demorar el pago.

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A nadie escapa que plazo máximo de pago de 60 días entre empresas es un elemento esencial para la supervivencia del tejido empresarial pequeño y mediano, que frente a las imposiciones de las grandes empresas y contratistas, ha tenido que soportar aplazamientos en los pagos auténticamente abusivos y desproporcionados.

No son pocas las cláusulas que hemos visto en muchos contratos mediante los que el subcontratista debe esperar seis meses, o incluso más, a cobrar un trabajo realizado y facturado.

La situación ha dado un giro radical con la Sentencia nº 688/2016 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de noviembre de 2016, habiendo sido ponente Don Francisco Javier Orduña Moreno.

Dicha sentencia no deja lugar a dudas y establece la imperatividad de la norma que limita el plazo máximo de pago de 60 días entre empresas, de forma que cualquier cláusula contractual que supere dicho plazo será nula, aunque haya sido establecida en un contrato firmado por ambas partes. O dicho de otra forma, diga lo que diga el contrato, los plazos de pago no pueden ser superiores a 60 días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

El Tribunal Supremo establece a modo de conclusión el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal establecida por la norma para el plazo del pago, comporta que todos aquellos pactos que exceden de dicho límite temporal, 60 días naturales, resulten nulos de pleno derecho por contravención de lo dispuesto en la norma imperativa (artículo 6. 3 del Código Civil).

Finalmente, concluye el Alto Tribunal dejando constancia, en cuanto al análisis de abusividad establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad entre empresas, de que, por lo general, el subcontratista asume una posición de inferioridad respecto del contratista principal de la obra, no pudiendo defender sus intereses en situación de igualdad.

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