¿Obras legales o ilegales? ¿Cuándo necesito licencia? ¿Me van a demoler la obra?

En España, y más concretamente en Levante, no se tiene la costumbre de solicitar licencia urbanística para las reformas y ampliaciones de las viviendas. Esto, que no tiene gran incidencia en las reformas domésticas en edificios (más allá de las denuncias entre vecinos por los cierres de terrazas), tiene sin embargo mucha incidencia en los chalets o adosados, donde las reformas, ampliaciones, o incluso construcciones de viviendas enteras se realizan a la vista cualquiera.

Desde aquí os recordamos que es mejor prevenir que curar y que realizar una obra exterior sin solicitar licencia o solicitarla y hacer más obra de la declarada por ahorrarse las tasas municipales, conduce simplemente a que el Ayuntamiento habrá un expediente de restauración e infracción urbanística, con el riesgo real de que consiga demoler la construcción una vez hecha y pagada.

Por eso, es siempre conveniente ponerse en manos de profesionales técnicos (arquitectos, arquitectos técnicos, etc.) para que redacten un proyecto que se adecue a la legalidad, lo que os dará la garantía de que tendréis una edificación legal.

Es conveniente explicar que si el Ayuntamiento detecta alguna obra ilegal está obligado por la Ley a actuar contra el promotor, el constructor y el técnico, y no hacerlo significa incurrir en un delito, con lo cual resulta virtualmente imposible la paralización de un expediente de restauración de la legalidad, de demolición o de sanción con una simple visita a los políticos o directores de área correspondientes.

En el momento que se detecta una obra presuntamente ilegal, el Ayuntamiento por regla general da los siguientes pasos:

  1. Realiza una inspección,
  2. Abre un expediente de restauración, que persigue averiguar si la edificación es o no legal, y si no lo es, demolerla.
  3. Una vez ordenada la demolición, si el propietario no la tira al suelo, el Ayuntamiento presiona imponiendo multas repetidas. Puede incluso demoler el propio Ayuntamiento y luego embargar al propietario el importe de la demolición.
  4. Con todo lo anterior sólo persigue dejar las cosas en el mismo estado que antes de la construcción, con lo que todavía el Ayuntamiento no ha “castigado”. El “castigo” por la irregularidad es una multa final de importe elevado (puede llegar perfectamente a pasar del 50% del precio de la obra realizada).

Recordad que es inevitable que se instruyan todos estos expedientes cuando se detecta una obra presuntamente ilegal y  que si no se realiza una defensa en la que intervengan un técnico y un jurista se tiene más que asegurada la demolición de lo construido y la imposición de una multa.

Alberto Cañizares.

Socio Director en CAÑIZARES ABOGADOS.

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