Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y el matrimonio en la Comunidad Valenciana.

Es un caso recurrente el que una persona adquiera una vivienda antes de contraer matrimonio, incluso antes de conocer a su futura pareja, y que después del matrimonio se plantee realizar una aportación de la vivienda al régimen de gananciales, tanto más cuanto que muchas veces pasan a sufragar el inmueble ambos cónyuges.

ImagenEsta operación, o la paralela de realizar la venta al cónyuge de una mitad indivisa, no plantean problemas en el caso de una vivienda libre, simplemente hay que asumir el coste de los honorarios notariales y registrales y los impuestos por la transmisión. Simplemente.

Sin embargo, el panorama es muy distinto en el caso de una vivienda que esté sometida a algún régimen de protección pública. Dado que estas viviendas disfrutan de subvenciones públicas (ayuda estatal a la entrada –hoy ya derogada-, ayuda autonómica a la entrada y subsidiación de los préstamos), una vez escriturada la vivienda y recibidas las ayudas no es posible inscribir la vivienda a nombre de la comunidad de gananciales ni realizar la venta de la mitad al cónyuge sin tener que devolver las ayudas recibidas. ¿Por qué? Porque las subvenciones se calculan y adecúan al perfil del comprador original, y serían menores sin duda en el caso de ser una pareja con los dos miembros con ingresos laborales.

Es una medida muy radical, que además coarta gravemente el desarrollo personal y familiar, casi agrede a los ciudadanos en su esfera más íntima. Y se crea simplemente con la intención de servir de barrera para dos fraudes: el primero, “pagamos la casa los dos, pero en los papeles sale uno, así recibimos más ayudas”. El segundo, “si nos cuentan los dos sueldos nos pasamos de ingresos máximos y no nos permiten comprar, así que pagamos la casa los dos, pero en los papeles sale uno”. Desde la desaparición de la Ayuda a la Entrada, que es la subvención que tiene en cuenta la renta del adquirente, esta limitación de aportación a gananciales ya no tiene sentido respecto al primer “fraude”, pero sigue teniendo sentido frente al segundo.

Resumiendo, si un cónyuge adquirió en su momento una vivienda protegida, ahora no la podrá poner a nombre de los dos, o de la comunidad de ganaciales, salvo devolviendo las ayudas, subvenciones directas y subsidiación de la parte de la hipoteca ya abonada, lo que pueden suponer tranquilamente de 10.000 a 20.000 euros, o incluso más. Para no tener que devolver las ayudas hay que esperar la friolera de 30 años desde la firma de la escritura.

Para dar seguridad jurídica a ambos, lo único que podría hacerse es redactar un documento privado en el que se reconociesen las cantidades abonadas por cada uno de los cónyuges, o un contrato privado de compraventa de la mitad del bien. Este documento carece de cualquier efecto frente a terceros, ya que no puede tener acceso al Registro de la Propiedad (salvo devolviendo las ayudas, con lo que volvemos al principio) y su única virtualidad sería salvaguardar los intereses del cónyuge que no figura como titular en el Registro de la Propiedad de cara a un proceso de divorcio.

Si vais a comprar una vivienda protegida y queréis evitaros futuras complicaciones como estas, solicitadla como pareja, ya que después tiene muy difícil arreglo.

Esto, en cuanto a la Comunidad Valenciana se refiere. Respecto del resto de España, sería necesario analizar su legislación específica de vivienda protegida para examinar si recoge alguno de estos supuestos como excepciones a la limitación de transmitir el bien.

Rafael Eloy Montero Gosálbez.

Socio de Cañizares Abogados.

 

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