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En la situación actual de crisis , y como venimos poniendo de manifiesto a través de las redes sociales, el colectivo de jueces está posicionando claramente en defensa de los derechos de los ciudadanos mediante la declaración de nulidad de los intereses que las entidades bancarias cobran a sus clientes.  A todo ello se han unido sentencias como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado un serio varapalo a la legislación española en materia de desahucios generados por ejecuciones hipotecarias y nuestro Tribunal Supremo que ha puesto en duda el carácter abusivo de las cláusulas suelo tan extendidas en nuestro país.

Son de destacar recientes sentencias como la del Juzgado de Instrucción nº1 de Amurrio (Álava) al declarar que :Cobrar unos intereses del 18 al 25% cuando el precio oficial del dinero está en el 4% es considerado “abusivo” por los jueces vascos, por mucho que sean intereses de demora por retraso en la devolución de un préstamo hipotecario o uno personal” declarando estas cláusulas por tanto “nulas de pleno derecho”.

Según la Asociación de Usuarios de banca, AUSBANC, “todos los intereses de demora que superen el 10% son abusivos”, animando así a los consumidores a que denuncien en los casos en los que los intereses sean superiores.

En uno de las resoluciones, referido a un crédito suscrito por una persona con el Banco Santander, el Juzgado anula dicha cláusula por aplicar un interés de demora del 25 % anual, cifra según la jueza “desproporcionadamente elevada”, ésta pone de relieve que “los intereses de demora, que se aplican por el incumplimiento de una obligación por parte del deudor, tienen que fijarse en un tipo superior al ordinario, pero deben guardar una cierta proporción”.

Dicho Juzgado recuerda que el interés legal del dinero aplicable a dicho crédito, es decir, el correspondiente al 2010, era del 4 % anual, por lo que el 25 % aplicable por el Banco Santander “se ha de considerar abusivo y por consiguiente nulo de pleno derecho”, anulando por tanto dicha cláusula y ordenando a la persona firmante del crédito a que abone únicamente la cantidad adeudada y los intereses remuneratorios, pero no los de demora.

En la segunda resolución ocurre los mismo, en este caso se trata de un crédito suscrito por dos personas para la compra de un vehículo, aplicándoles un interés de demora del 24 % anual. En este caso el interés legal del dinero cuando se firmó el contrato, es decir, en 1998, era del 5,5 % anual y la cláusula de demora establecía un interés del 2% mensual, el 24% al año, el Juez por tanto la anula por considerarla “abusiva” y reclama el ingreso únicamente del dinero adeudado sin aplicar ese interés.

Este mismo Juzgado ha dictado una providencia en relación a un “interés moratorio del 18% impuesto por la Cooperativa de Crédito Vasca,  Caja Laboral sobre un préstamo hipotecario, cuando los intereses legales para el año 2005 eran del 4%”. En esta resolución el Juzgado se apoya en la legislación europea para declarar que “los jueces pueden proteger de oficio a los consumidores contra cualquier cláusula de carácter abusivo de las entidades financieras, no solo en los juicios monitorios, es decir los que se celebran para reclamar cantidades impagadas, sino también en los procedimientos de ejecución hipotecaria”.

Tribunales vascos que vienen a sumarse a la Audiencia Provincial de Valencia que anuló la cláusula de un préstamo hipotecario, el cual fijaba un interés de demora del 18 %, declarándola abusiva, el Juez consideró que dicha cláusula de demora “violaba la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Crédito al Consumo” que, según dicha Audiencia, “impide reclamar una tasa anual superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero”.

“Todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente en contra de las exigencias de la buena fe que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato”, son consideradas como cláusulas abusivas según la Ley de Defensa de los consumidores.

Todas estas recientes resoluciones tienen una importancia capital en el día a día de los ciudadanos por cuanto se aplican a la práctica totalidad de los préstamos concedidos y vienen a configurar jurisprudencia menor que a buen seguro, esperamos, tendrá su continuidad con la consiguiente modificación de las condiciones de préstamo.

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Cristina Abellán Ortuño

Colaboradora en Cañizares Abogados.

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