Desahucios ¿Quién se beneficia de las medidas del Gobierno para paralizarlos?

Tras los recientes y muy desafortunados sucesos que ha generado la profunda crisis por la que atraviesa nuestro país y que se concretan en la ejecución de desahucios a afectados por las hipotecas, lo cierto es que todos estábamos expectantes ante las medidas a adoptar por el Gobierno, que hasta el último momento ha estado negociando con el principal partido de la oposición, sin éxito, lo que ya de entrada nos parece bochornoso. Si PP y PSOE no son capaces de llegar a un acuerdo en la actual situación de extrema gravedad, ¿cuándo lo harán?

Sea como fuere, el jueves 15 de noviembre el Consejo de Ministros, con el fin de solucionar el problema de los desahucios, ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que contiene dos medidas clave para atender y paliar las dificultades de los colectivos de mayor vulnerabilidad.

La primera medida se refiere a la suspensión del desahucio por dos años, de forma que quien cumpla el perfil podrá permanecer en su casa durante dos años sin ningún tipo de coste, pero el proceso de ejecución hipotecaria seguirá su curso, por lo que lo único que se pospone es el lanzamiento o desalojo, pero la vivienda igualmente pasa a ser parte del banco y tendrá disponibilidad total de la misma pasados esos dos años de plazo. Para acogerse a esta suspensión del desahucio por plazo de dos años habrá que cumplir:

Cuatro requisitos económicos indispensables:

1- No superar el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), es decir, no superar ahora 1.597 euros de ingresos mensuales

2En los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años

3la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos

4Que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.

 

         Y además, deberá estar, al menos, en una situación social vulnerable de entre las siguientes:
Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente, o

Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, o

Ser familias con algún menor de tres años, o

Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral, o

Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, o

Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad labora o finalmente,

Estar en algunos supuestos de violencia de género.

 

La segunda medida adoptada por el Gobierno consiste en la creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.

Resultando que esta segunda medida va a  requerir de mayor desarrollo y concreción (no pasa de una simple manifestación de buenas intenciones), debemos centrarnos en la primera de las medidas, esto es, la suspensión del desahucio por dos años, y lo cierto es que, como ya han manifestado las organizaciones de afectados por los desahucios, las medidas se quedan muy muy muy cortas, resultando significativo destacar que el caso del suicidio de Baracaldo (Vizcaya) , que ha sido una de las causas que creó alarma social, no habría cumplido esos requisitos ni de lejos.

Si bien es cierto que habrá que esperar al texto concreto y sus posibles modificaciones en su paso por el Parlamento, como abogado especialista en derecho civil, mi opinión es que los afectados por las hipotecas que puedan beneficiarse de estas medidas van a formar parte de un colectivo muy concreto y a buen seguro, muy reducido. De hecho, desde el Ministerio de Economía no se ha querido dar una cifra de cuántas personas pueden verse beneficiadas con esta medida, lo que ya es indicativo de la debilidad con la que nace la medida.

Habría sido igualmente muy acertada la inclusión de otros colectivos como puede ser el caso de los autónomos que se encuentren en situación extrema cuya situación venga generada en gran medida por el impago de las administraciones públicas.

Si bien parece que los políticos vuelven a decepcionar a la ciudadanía con meros parches que parecen estar destinados más a simple propaganda que a concretarse en solución real al problema de los desahucios, la buena noticia la ha puesto un juez de Torrevieja que en el mismo día que el Gobierno aprobaba estas medidas, ha suspendido el desahucio de un hombre y de su madre de 80 años  “irregularidades” en el procedimiento e “indefensión” de los afectados, ya que el afectado, en situación de desempleo, había solicitado “más tiempo” para buscar otra vivienda, “sin obtener respuesta alguna“.

De esta forma, parece que la sociedad tendrá que valerse de nuevas formas y actores para solucionar el problema de los desahucios.

 

Alberto Cañizares.

Socio Director en CAÑIZARES ABOGADOS.

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