delito fiscal (II)

Como ya explicamos en la primera parte de este artículo, eludir el pago de tributos o impuestos, disfrutar de beneficios fiscales que no nos corresponden u obtener indebidamente devoluciones, está sancionado penalmente con el temido delito fiscal.

Ya no se trata pues de que la Agencia Tributaria persiga nuestros bienes, presentes y futuros, con el fin de resarcirse de la cantidad objeto de fraude fiscal a través de los consiguientes embargos, sino que además, el presunto defraudador se verá inmerso en un largo y penoso procedimiento penal en el que se dilucidará si efectivamente procede sancionar aún más la reprochable conducta mediante la condena penal, incluyendo, por supuesto, cárcel.

delito fiscal

Las sucesivas modificaciones del Código Penal han fijado penas de cárcel realmente elevadas para este tipo de fraudes, de modo que, ante los indicios de una posible comisión de delito fiscal, recomendamos encarecidamente utilizar el mecanismo previsto en el artículo 307 del Código Penal, mediante el que Hacienda da una última oportunidad al obligado tributario de eximirse de su responsabilidad penal “antes de que se la haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación a las mismas, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.”

El obligado tributario, con el fin de eximirse de la responsabilidad penal del delito fiscal, contemplada en los artículos 305 a 310 del Código Penal, deberá “reintegrar una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió”.

Es importante destacar que esta exención de responsabilidad por delito fiscal abarca también las posibles falsedades instrumentales que, en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, hubiese podido cometer con carácter previo a la regularización de su situación.

Por otro lado, es importante poner de manifiesto una reciente pena agravada, consistente en la publicidad y acceso que se va a dar de los datos de los condenados por delito fiscal, ya que en virtud de la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, ha comenzado a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), información de las sentencias firmes dictadas en materia de fraude fiscal desde el pasado 11 de noviembre de 2015, recogiendo el nombre y apellidos o razón social del condenado, el delito cometido, la pena impuesta y la cuantía a resarcir.

Cómo es fácil de deducir, el hecho de que el acceso a los datos de los condenados por delito fiscal sea público, puede tener consecuencias muy negativas en el desarrollo de la actividad profesional de los mismos, por cuanto, tanto su imagen como sus relaciones mercantiles pueden verse seriamente perjudicadas.

Por todo ello, el asesoramiento legal es imprescindible en estos casos, un abogado especializado que te asesore, defienda y vele por tus intereses puede evitar no sólo la responsabilidad penal asociada a su comisión, sino también el pago de cuantiosas sumas de dinero.

Consultanos sin compromiso. 

Doña Beatriz Vildósola.

Dpto. Derecho Penal. Cañizares Abogados.

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