Delito fiscal. Cómo afrontar la llamada de Hacienda.

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Eludir el pago de tributos, disfrutar de beneficios fiscales que no nos corresponden u obtener indebidamente devoluciones, está sancionado gravemente como delito fiscal cuando el presunto fraude supera una cantidad determinada, quedando tipificado en los artículos 305 a 310 del Código Penal donde se recogen las consecuencias por la comisión de este delito, que fija penas de prisión y multas.

 Así, podemos distinguir entre el delito fiscal general y agravado.

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El tipo general es aquel que supone una defraudación de más de 120.000 euros, y está castigado con pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la mencionada cuantía. El plazo de prescripción de este delito es de 5 años.

Nos encontraremos ante el tipo agravado cuando la cuota defraudada supere los 600.000 euros, o cuando el delito se cometa en el seno de una organización o grupo criminal, siendo entonces  el castigo contemplado en el Código Penal la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble del séxtuplo de la cuota defraudada. En estos casos, el plazo de prescripción se amplía hasta los 10 años.

En ambos casos, la prescripción del delito suele ser una vía a estudiar por sus posibles beneficios para el acusado.

Hacienda exige que se devuelva no sólo la cuota defraudada, sino también que se ingresen los intereses de demora, así como la sanción que en cada caso se imponga, perdiendo el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años en el caso de encontrarnos en el tipo general y de cuatro a ocho años respecto al tipo agravado.

Pero además, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria, pudiendo por tanto iniciar las actuaciones dirigidas a recuperar la cantidad reclamada por la Hacienda Pública, salvo que el Juez acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución, prestando previamente una garantía.

Es pues evidente que el delito fiscal genera serio problemas tanto en el ámbito penal como en el económico, ya que a la espada de Damocles de la posible pena de cárcel, se unen los problemas económicos dado que Hacienda dispone de avanzados mecanismos para cobrar deudas y bloquear bienes de todo tipo.

El delito fiscal aúna como pocos las especialidades del Derecho Procesal Penal y el Derecho Fiscal y Tributario lo que hace necesario contar con un equipo de abogados y asesores tributarios y fiscalistas que asegure una defensa experta y global en todos esos aspectos con el fin de salir airoso y evitar no sólo la responsabilidad penal asociada a su comisión, sino  también el pago de cuantiosas sumas de dinero.

Si se encuentra en este amargo trance, no dude en contactar con nosotros y asesorarse con profesionales expertos en delito fiscal.

 

Doña Beatriz Vildósola.

Dpto. Derecho Penal.

Cañizares Abogados.

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