Contrato Platts de abanderamiento de gasolinera.

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Muchas de las gasolineras de nuestro país se encuentran sujetas contractualmente a la petrolera mediante lo que se conoce como un contrato Platts de abanderamiento de gasolinera, esto es, un contrato de suministro en exclusiva de carburantes y combustibles de automoción, mostrando la estación de servicio en todo momento publicidad e imagen de la petrolera en cuestión.

Se trata de un modelo de negocio que ha generado múltiples beneficios para ambas partes, permitiendo durante años el desarrollo de muchas gasolineras bajo el paraguas de una marca de reconocido prestigio.

En este post nos centraremos en los contratos de abanderamiento que fijan el precio de los combustibles en función de la cotización Platt’s. En este tipo de contratos, el precio que la estación de servicio paga a la petrolera por los combustibles se establece sobre la base del índice Platt’s, más una prima o Delta -fijada en el propio contrato para cada uno de los combustibles- que recoge los costes y márgenes de beneficio de la petrolera,

Hasta aquí todo bien.

Contrato Platts de abanderamiento de gasolinera.

Sin embargo, en los últimos años hemos podido comprobar por muchos de nuestros clientes cómo algunas petroleras de primer nivel han incumplido gravemente los términos del contrato Platts de abanderamiento de gasolinera bajo el falso amparo de las bonificaciones fiscales que el Gobierno de España estableció hasta el año 2012 sobre los biocombustibles. Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, con el fin de fomentar la utilización de biocarburantes (BIOS), introdujo una exención del Impuesto Especial sobre los mencionados biocombustibles, de manera que no pagaban impuestos a diferencias de los combustibles fósiles a los que estamos acostumbrados. De esta forma, la petrolera se beneficiaba del tipo impositivo especial cero (exención) a la salida del producto mezclado del depósito de CLH, dado que pagaba el impuesto única y exclusivamente sobre la parte correspondiente al gasóleo convencional.

Y es aquí donde comienza el problema (para las estaciones de servicio, como veremos) ya que las petroleras, no contentas con la exención fiscal, decidieron beneficiarse doblemente de la misma. Por un lado, no pagaban el impuesto a CLH -por la parte de Bios- y por el otro, sí le repercutían el 100% del impuesto a la estación de servicio, pese a no estar ello contemplado en el contrato Platts de abanderamiento de gasolinera firmado. O dicho de otro modo, se beneficiaban doblemente de la exención de impuestos sobre la parte de BIOS, ya que, no se la pagaban a su proveedor (CLH) pero sí se la cobraban a su cliente (Estación de Servicio).

De esta forma, parece evidente, y así lo han reconocido ya Tribunales de Primera Instancia, que las petroleras incumplían el contrato al aplicar indebidamente un mayor precio al producto que el convenido en el contrato.

No resulta necesario exponer los enormes y cuantiosos perjuicios que se trasladan de esta forma a la gasolinera, dado que ésta compra su materia prima -las gasolinas y gasóleos- a un precio mayor que el acordado.

Y si esta situación resultaba injusta, aún mayor asombro provoca si cabe, el hecho de que, dictada por el Gobierno la Ley 2/012, que suprimió el tipo cero o exención que hasta el momento tenían los BIOS -y del que tan solo se beneficiaban las petroleras que no las gasolineras-, las petroleras no tuvieron mayor inconveniente en incrementar nuevamente y de forma arbitraria el precio de los combustibles. Y lo hicieron mediante un sobrecoste en la facturación (además, por supuesto, de la aplicación Impuesto Especial de Hidrocarburos sobre el 100% de los litros vendidos).

Como no puede ser de otra forma, esta conducta, que tuvo lugar a partir de enero de 2013, también merece ser condenada por los Tribunales, declarando éstos que si durante la vigencia de la exención del Impuesto Especial de los BIOS no estaba justificado incrementar el precio del producto por un concepto no pactado, tampoco podía servir de excusa para que la petrolera aplicase ese sobrecoste una vez finalizada la exención fiscal.

Los informes periciales realizados hasta la fecha cuantifican el perjuicio de la estación de servicio en más de 1 peseta (sí, las antiguas pesetas) por litro de combustible vendido a consumidores.

Existen ya en nuestro país precedentes judiciales que declaran que la actuación de la petrolera no es conforme a Derecho, entendiendo que una parte esencial del contrato, como es el precio, quedó al arbitrio de uno de los contratantes (la petrolera), infringiéndose de esta forma el artículo 1.256 del Código Civil.

La consecuencia de todo ello no puede ser más que una sentencia que declare el incumplimiento contractual de la petrolera, condenándole a devolver a la estación de servicio el importe de los sobrecostes indebidamente cobrados a la gasolinera, con sus correspondientes intereses legales, imponiendo así mismo el coste de los gastos procesales.

Si desea más información, puede contactar con Cañizares Abogados aquí.

 

Alberto Cañizares. Socio Director.

Dpto. de Empresas. Cañizares Abogados.

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