Comprobación de valores de la Consellería de Economía y Hacienda. ¿Pagar o recurrir?

En los últimos meses, coincidiendo con el agravamiento de la crisis y la falta de liquidez de las administraciones públicas, hemos detectado en el despacho un incremento desproporcionado de las comprobaciones de valores (el famoso modelo B10) que la Consellería de Hacienda y Administración Pública emite cuando considera que las cuotas autoliquidadas por el ciudadano no coinciden con las que la Consellería de Hacienda calcula en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

 logo-generalitat-valenciana1

O dicho de otro modo y términos más llanos, cuando participamos en una operación de compraventa (o similar a efectos del impuesto, como puede ser un exceso de cabida) y declaramos un precio en escritura, en ocasiones la Consellería de Hacienda no termina de creer que el precio declarado en escritura es el precio realmente abonado. Y cuando esto ocurre, el cliente recibe en su casa una carta certificada con acuse de recibo mediante la que se procede a la comunicación de inicio del procedimiento de comprobación de valores y notificación de trámite de alegaciones, que siempre viene acompañada de una propuesta de liquidación provisional.

 

Ante la comunicación del inicio de comprobación de valores, el cliente afronta una primera decisión, esto es, pagar (ya que se supone que si Consellería de Hacienda reclama algo, será porque se debe pagar) o poner el asunto en manos de abogados (y pagar igualmente) con la esperanza de que el asunto se gane y no se tenga obligación de pagar. Nos consta que en muchos casos el cliente opta por la primera opción y así se evita problemas con Hacienda.

 

Pues bien, el presente artículo no pretende entrar en complejas valoraciones jurídicas, pero sí dar unas pautas de actuaciones claras y concretas para evitar pagos y problemas innecesarios, comenzando por la imperiosa necesidad de poner el asunto en manos de un abogado especializado en derecho administrativo en cuanto se recibe la primera comunicación. Y ello, por cuanto la reserva de la tasación pericial contradictoria debe ser manifestada al inicio del proceso y ello podrá derivar en la suspensión del pago hasta que se resuelvan los sucesivos recursos.

 

Hecho esto, un especialista en derecho administrativo encontrará muy posiblemente la fórmula para anular la liquidación por motivos formales o de fondo o en todo caso, asesorará al cliente sobre la mejor opción con un coste mínimo, dado que se trata de expedientes muy habituales que son fácilmente analizables en cuanto a sus posibilidades de éxito.

 

Finalmente, como abogado especializado en comprobaciones de valores, debo manifestar que hasta la fecha, gran parte de las comprobaciones de valores se terminan anulando en el Tribunal Económico-Administrativo Regional o en su defecto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por lo que no recomiendo su pago sin haber consultado con un abogado experto en la materia.

 

Alberto Cañizares.

Socio Director en Cañizares Abogados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.