Comprobación de valores o Liquidación Complementaria de la Consellería de Economía (II).

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Desde que hace ya varios años publicáramos la primera parte de este artículo en el que explicábamos de forma sencilla qué es un expediente de comprobación de valores o liquidación complementaria, han sido innumerables los clientes que nos han remitido el famoso modelo B10 de Comunicación de Inicio. Notificación del Trámite de Alegaciones, quejándose de que la Consellería de Economía de la Comunidad Valenciana les solicitaba un dinero extra por la compra de una vivienda o local comercial.

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Situación que resulta bastante incomprensible para los perjudicados por cuanto compraron ajustándose al precio que podían permitirse, incluyendo los correspondientes impuestos.

Pero, ¿por qué la Consellería de Economía puede reclamar unos impuestos añadidos varios años después de firmarse la compraventa?

Si bien la respuesta no sería sencilla, podemos simplificar afirmando que el problema deriva de la dificultad de definir el concepto de “valor real” que tanto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) utilizan para cuantificar la base imponible del impuesto.

Ante ello, cabe preguntarse cuál es el “valor real” de una vivienda o de un local comercial.

¿Es ilegal encontrar un “chollo” de esos que han florecido tras la crisis económica?

¿Se trata en realidad de encontrar el “valor real” de los inmuebles o de establecer una especie de sospecha generalizada sobre todas las transmisiones de inmueble con un bajo coste para la Administración?

Es evidente que nos encontramos ante un asunto que lleva ya años dando auténticos quebraderos de cabeza a los contribuyentes, en el que, a mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha venido rechazando una y otra vez la emisión indiscriminada de la comúnmente conocida como comprobación de valores o liquidación complementaria de la Consellería de Economía, declarándolas nulas a favor de los contribuyentes.

Se producía de esta forma una silenciosa lucha entre la Administración y los Tribunales en la que la primera iba mejorando sus métodos de valoración con el fin de que fuera aceptado en última instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Y en esta lucha, parecía que la Consellería de Economía había encontrado cierta paz –y la gallina de los huevos de oro, dicho sea de paso- con la Orden 23/2013, de 20 de diciembre, por la que se establecían los coeficientes aplicables en 2013 al valor catastral a los efectos de la comprobación de valores.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a hacer saltar la banca mediante la sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de fecha 28 de octubre de 2015 en la que vuelve a poner en entredicho el método de comprobación de valores actualmente utilizado para la comprobación de valores o liquidación complementaria, por incurrir en los mismos errores en que venía incurriendo en el pasado.

Y es que, si bien el Tribunal reconoce los esfuerzos realizados por la Consellería de Economía y Hacienda, no lo es menos que también recuerda que la motivación de la comprobación de valores en estos casos tiene que ser “específica e individualizada”, lo que ocurre en pocas ocasiones, dado que la Administración no suele visitar los inmuebles sobre los que gira liquidación complementaria.

Refiere la Sección Cuarta que se parte de la descripción catastral (superficie, estado, antigüedad, etc.) la cual, no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, dado que no resulta contrastada por los peritos mediante la oportuna visita al inmueble. Y sobre esa ficha catastral, continúa el Tribunal, aplica la Administración el resto de parámetros de cálculo para su comprobación (valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc.) que no dejan de ser criterios genéricos que no respetan los anteriormente mencionados criterios de individualización.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal condena en costas a la Administración, de forma que, de ahora en adelante, el administrado podrá recuperar los costes de su abogado y procurador en el caso de tener que acudir a los Tribunales en defensa de sus Derechos.

Se abre pues con esta sentencia una nueva vía de recurso ante las liquidaciones complementarias giradas por la Conselleria de Economía, que sin duda provocará que la Administración deje de emitir este tipo de comprobaciones de valores de manera indiscriminada y dedique más esfuerzos a analizar el caso concreto.

Si tienes cualquier duda, consultanos sin compromiso.

 

Dpto. de Derecho Tributario y Fiscal.

Cañizares Abogados.

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