Rafael Eloy Montero Gosálbez

Abogado, MBA, PMP

@RafaMontero

Pese a la crisis actual, los Ayuntamientos siguen tramitando modificaciones de gran  importancia de su planeamiento urbanístico. Se podrá decir que lo hacen por varias razones, por inercia, por terminar un proyecto político, por las inversiones hechas en el proyecto, por adaptarse a la situación actual, etc.

Sin embargo, lo cierto es que estos planes y su adaptación son necesarios para el funcionamiento correcto de los municipios y son además una de las principales expresiones la voluntad política –y por tanto popular-, porque para lo que sirven en el fondo es para determinar el modelo de ciudad que se quiere tener, en el que se quiere vivir y hacer negocios.

Ahora bien, a nadie se le escapa que cuando se modifica un planeamiento se afecta inevitablemente a intereses particulares, y por ello este post.

Los Planes Generales tienen una tramitación muy larga y compleja, de la que se puede destacar que en un primer lugar se determinan las limitaciones ambientales del proyecto (o más bien, del municipio), con un programa de participación ciudadana, que debiera ser extenso y profundo, lo que genera un documento de carácter ambiental que requiere la aprobación final de la Comunidad Autónoma.

Después se inicia la tramitación del documento urbanístico propiamente dicho, adaptado al marco medioambiental antes establecido, sobre cuyo contenido se deben pronunciar todas las administraciones con intereses en el municipio (carreteras, ferrocarriles, costas, educación, paisaje, etc.) y pueden pronunciarse todos los ciudadanos en un cauce formal de alegaciones. Requiere de una doble aprobación, primero del municipio y después de la Comunidad Autónoma. La tramitación completa puede alcanzar tranquila y alegremente los diez o doce años.

Sin entrar a valorar la utilidad de un documento que se aprueba diez años después de su primer borrador (esto lo dejamos para otro post), sobre lo que no hay duda es en que la capacidad de estos Planes para afectar a intereses y bienes particulares es muy amplia, ya que es una potestad básica de los municipios determinar su modelo territorial dentro de los límites de la legislación autonómica, y además este poder es discrecional. Ello significa que el Ayuntamiento puede tomar la decisión que considere, siempre que la justifique en fin último en el interés público, ya sea esta decisión abrir una calle por donde ahora hay casas, convertir un jardín privado en público, desarrollar suelo para industrias en una zona rústica, establecer una depuradora en terrenos que ahora se cultivan y otros tantos.

Este poder de la Administración sólo tiene tres límites, primero la legalidad y la existencia de un interés público, segundo el modelo territorial de la Comunidad Autónoma y tercero, la defensa de sus propios intereses que hagan los afectados y que demuestren a la administración la procedencia de decisiones distintas, también coherentes con el modelo territorial buscado y posibles dentro de la discrecionalidad municipal.

Esta defensa de los intereses particulares se desarrolla en alegaciones y en reuniones de trabajo con técnicos municipales y políticos en desarrollo de las alegaciones.

En cuanto a quien puede redactar de las mismas, aunque hay quien sostenga que la defensa de los afectados se puede fundamentar, lisa y llanamente, en los principios populares de “el que la sigue la consigue” y, mejor aún,  “el que no llora, no mama”, la vigencia de estas dos referencias populares no aconseja, sin embargo, que sean los mismos interesados los que sin asesoramiento jurídico realicen propuestas o alegaciones, ni siquiera en el caso de ser profesionales del sector inmobiliario.

Ello es así porque la complejidad de estas actuaciones requiere no sólo del planteamiento de los intereses concretos del cliente. Si se limitan a ello -sin ningún género de dudas-, no serán tenidas en cuenta. Es necesario fundamentar esta propuestas en el marco del modelo territorial propuesto, en el cumplimiento de la legislación y en la mejora de la viabilidad jurídica y económica del Plan.

Sin embargo, esto no es suficiente. También es necesario conocer el contenido del Plan propuesto más allá de los intereses inmediatos y las incidencias de la tramitación, para poder identificar la posición de la Administración Pública y valorar las posibilidades de negociación o impugnación que realmente existen.

Para ello es necesario acudir a profesionales de la materia, abogados realmente especialistas en Urbanismo.

 Rafael Montero.

Cañizares Abogados.

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