Abogados y gasolineras. Una pareja simbiótica. (Parte II).

En la primera parte de este post ya comentábamos los problemas que se estaban generando en la aplicación de los contratos de suministro referenciados al índice Platts, existiendo ya precedentes judiciales, tal y como explicamos aquí. Problemas que se concretan en la exención fiscal que el Gobierno concedió hasta el pasado 31 de diciembre de 2012 y que las petroleras no habrían repercutido a sus clientes, es decir, las propias estaciones de servicio y gasolineras.

Y siendo ello importante en términos económicos, no es menos destacable la situación que hemos observado en algunos contratos de suministro de carburante referenciados al índice Platts, en los que las grandes petroleras, una vez finalizada la exención –mediante la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio– están cargando un sobrecoste indebido al precio del producto que no tiene amparo en el contrato.

De esta forma, se estaría generando un nuevo incremento no pactado de los precios de compra del combustible que tampoco encontraría amparo en la legislación aplicable y que haría muy recomendable que abogados y gasolineras fueran de la mano.

Incremento que se estaría ejecutando mediante el aumento unilateral del tercero de los elementos que componen la fórmula contractual (COTIZACIÓN PLATTS + PRIMA + IMPUESTOS) de cálculo del precio del producto, esto es, la PRIMA.

Lo cierto es que puede llamar la atención este tipo de comportamientos y sobre todo, la facilidad para detectarlos; sin embargo, la complejidad del tipo de contrato referenciado al índice Platts, hace que la detección de este tipo de irregularidades (tanto los que se comentan en este post como las relacionadas en su primera parte) requieran de un experto que analice las facturas con conocimiento de los hechos que nos ocupan. De otra forma, el responsable de la estación de servicio puede estar perdiendo grandes cantidades de dinero y no ser consciente de ello.

Se trata pues de un nuevo elemento para valorar la relación entre abogados y gasolineras, dado que, al margen de problemas concretos, la prevención es siempre recomendable en cualquier negocio.

Una vez que se detecten este tipo de prácticas, el procedimiento judicial para su reclamación es relativamente sencillo, siendo necesario interponer una demanda de juicio ordinario en el que el informe pericial deberá acreditar al Tribunal tanto el error de la petrolera como la cuantificación de los gastos generados para la gasolinera.

Como siempre, recomendamos contratar abogados expertos en la materia que defiendan nuestros intereses con solvencia frente a las grandes compañías del sector, de forma que la relación entre abogados y gasolineras resulte efectivamente simbiótica.

Déjanos aquí tu consulta. 

Alberto Cañizares.

Dpto. Derecho Mercantil.

Socio Director en Cañizares Abogados.

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