Categoría: Tributario y Fiscal

Nulidad de la plusvalía en casos de venta a pérdida.

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El Tribunal Constitucional ha dado una nueva prueba de que la Justicia, con excepciones, funciona de forma coherente e independiente, declarando la nulidad de la plusvalía en casos de venta a pérdida, rechazando de esta forma que los Ayuntamientos cobren a sus vecinos un impuesto que a todas luces no procede reclamar. Y es que si el impuesto se llama de plusvalía (mayor valor) tiene bastante lógica pensar que no se devengará en los casos en que la venta del inmueble urbano haya provocado pérdidas al vendedor, que compró la vivienda por un precio superior al que ahora la vende, generándose por tanto una minusvalía o menor valor.

Si bien es cierto que los Tribunales, tanto administrativos como contenciosos, de la Comunidad Valenciana ya venían declarando la nulidad de la plusvalía en casos de venta a pérdida en los últimos años, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional es un valioso espaldarazo a esta tesis, declarando el Alto Tribunal que resulta ilegal gravar al ciudadano con un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.

Bastante tiene un ciudadano con verse obligado a vender una vivienda o local por un precio menor del que la compró como para que, encima, su Ayuntamiento le pida un impuesto por un beneficio que no existió, ni mucho menos. De hecho, se perdió dinero con la operación de compra y posterior venta.

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¿Quién puede reclamar la nulidad de la plusvalía en casos de venta a pérdida?

Cualquiera que haya vendido un inmueble urbano (vivienda, local, garaje, etc.) por un precio menor a aquel por el que compró previamente y que, pese a ello, haya pagado el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía.

¿Qué puedo reclamar?

El importe del impuesto de Plusvalía.

¿Cómo puedo reclamar?

En primer lugar hay que reclamar al propio Ayuntamiento, posteriormente a la Autoridad Administrativa superior y finalmente, en caso de no obtener satisfacción, habría que acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo mediante abogado y procurador.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar?

Es muy importante reclamar de inmediato, ya que el plazo prescribe a los 4 años de la venta.

¿Hay un importe mínimo del impuesto para reclamar?

Si bien no hay un importe mínimo en concepto de impuesto, pudiendo reclamarse cualquier importe pagado por nulidad de la plusvalía en casos de venta a pérdida, en Cañizares Abogados entendemos que resulta viable reclamar a partir de un importe de 3.000.- €, dados los costes de la propia reclamación.

Si tu Ayuntamiento te cobró impuesto de Plusvalía pese a haber vendido en pérdidas, déjanos aquí tus datos, te hacemos un estudio de viabilidad y te damos un presupuesto personalizado.

Dpto. de Derecho Fiscal y Tributario. Cañizares Abogados.

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Delito fiscal (II).

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Como ya explicamos en la primera parte de este artículo, eludir el pago de tributos o impuestos, disfrutar de beneficios fiscales que no nos corresponden u obtener indebidamente devoluciones, está sancionado penalmente con el temido delito fiscal.

Ya no se trata pues de que la Agencia Tributaria persiga nuestros bienes, presentes y futuros, con el fin de resarcirse de la cantidad objeto de fraude fiscal a través de los consiguientes embargos, sino que además, el presunto defraudador se verá inmerso en un largo y penoso procedimiento penal en el que se dilucidará si efectivamente procede sancionar aún más la reprochable conducta mediante la condena penal, incluyendo, por supuesto, cárcel.

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Las sucesivas modificaciones del Código Penal han fijado penas de cárcel realmente elevadas para este tipo de fraudes, de modo que, ante los indicios de una posible comisión de delito fiscal, recomendamos encarecidamente utilizar el mecanismo previsto en el artículo 307 del Código Penal, mediante el que Hacienda da una última oportunidad al obligado tributario de eximirse de su responsabilidad penal “antes de que se la haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación a las mismas, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.”

El obligado tributario, con el fin de eximirse de la responsabilidad penal del delito fiscal, contemplada en los artículos 305 a 310 del Código Penal, deberá “reintegrar una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió”.

Es importante destacar que esta exención de responsabilidad por delito fiscal abarca también las posibles falsedades instrumentales que, en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, hubiese podido cometer con carácter previo a la regularización de su situación.

Por otro lado, es importante poner de manifiesto una reciente pena agravada, consistente en la publicidad y acceso que se va a dar de los datos de los condenados por delito fiscal, ya que en virtud de la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, ha comenzado a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), información de las sentencias firmes dictadas en materia de fraude fiscal desde el pasado 11 de noviembre de 2015, recogiendo el nombre y apellidos o razón social del condenado, el delito cometido, la pena impuesta y la cuantía a resarcir.

Cómo es fácil de deducir, el hecho de que el acceso a los datos de los condenados por delito fiscal sea público, puede tener consecuencias muy negativas en el desarrollo de la actividad profesional de los mismos, por cuanto, tanto su imagen como sus relaciones mercantiles pueden verse seriamente perjudicadas.

Por todo ello, el asesoramiento legal es imprescindible en estos casos, un abogado especializado que te asesore, defienda y vele por tus intereses puede evitar no sólo la responsabilidad penal asociada a su comisión, sino también el pago de cuantiosas sumas de dinero.

Consultanos sin compromiso. 

Doña Beatriz Vildósola.

Dpto. Derecho Penal. Cañizares Abogados.

Comprobación de valores o Liquidación Complementaria de la Consellería de Economía (II).

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Desde que hace ya varios años publicáramos la primera parte de este artículo en el que explicábamos de forma sencilla qué es un expediente de comprobación de valores o liquidación complementaria, han sido innumerables los clientes que nos han remitido el famoso modelo B10 de Comunicación de Inicio. Notificación del Trámite de Alegaciones, quejándose de que la Consellería de Economía de la Comunidad Valenciana les solicitaba un dinero extra por la compra de una vivienda o local comercial.

complementaria de valores

Situación que resulta bastante incomprensible para los perjudicados por cuanto compraron ajustándose al precio que podían permitirse, incluyendo los correspondientes impuestos.

Pero, ¿por qué la Consellería de Economía puede reclamar unos impuestos añadidos varios años después de firmarse la compraventa?

Si bien la respuesta no sería sencilla, podemos simplificar afirmando que el problema deriva de la dificultad de definir el concepto de “valor real” que tanto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) utilizan para cuantificar la base imponible del impuesto.

Ante ello, cabe preguntarse cuál es el “valor real” de una vivienda o de un local comercial.

¿Es ilegal encontrar un “chollo” de esos que han florecido tras la crisis económica?

¿Se trata en realidad de encontrar el “valor real” de los inmuebles o de establecer una especie de sospecha generalizada sobre todas las transmisiones de inmueble con un bajo coste para la Administración?

Es evidente que nos encontramos ante un asunto que lleva ya años dando auténticos quebraderos de cabeza a los contribuyentes, en el que, a mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha venido rechazando una y otra vez la emisión indiscriminada de la comúnmente conocida como comprobación de valores o liquidación complementaria de la Consellería de Economía, declarándolas nulas a favor de los contribuyentes.

Se producía de esta forma una silenciosa lucha entre la Administración y los Tribunales en la que la primera iba mejorando sus métodos de valoración con el fin de que fuera aceptado en última instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Y en esta lucha, parecía que la Consellería de Economía había encontrado cierta paz –y la gallina de los huevos de oro, dicho sea de paso- con la Orden 23/2013, de 20 de diciembre, por la que se establecían los coeficientes aplicables en 2013 al valor catastral a los efectos de la comprobación de valores.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a hacer saltar la banca mediante la sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de fecha 28 de octubre de 2015 en la que vuelve a poner en entredicho el método de comprobación de valores actualmente utilizado para la comprobación de valores o liquidación complementaria, por incurrir en los mismos errores en que venía incurriendo en el pasado.

Y es que, si bien el Tribunal reconoce los esfuerzos realizados por la Consellería de Economía y Hacienda, no lo es menos que también recuerda que la motivación de la comprobación de valores en estos casos tiene que ser “específica e individualizada”, lo que ocurre en pocas ocasiones, dado que la Administración no suele visitar los inmuebles sobre los que gira liquidación complementaria.

Refiere la Sección Cuarta que se parte de la descripción catastral (superficie, estado, antigüedad, etc.) la cual, no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, dado que no resulta contrastada por los peritos mediante la oportuna visita al inmueble. Y sobre esa ficha catastral, continúa el Tribunal, aplica la Administración el resto de parámetros de cálculo para su comprobación (valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc.) que no dejan de ser criterios genéricos que no respetan los anteriormente mencionados criterios de individualización.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal condena en costas a la Administración, de forma que, de ahora en adelante, el administrado podrá recuperar los costes de su abogado y procurador en el caso de tener que acudir a los Tribunales en defensa de sus Derechos.

Se abre pues con esta sentencia una nueva vía de recurso ante las liquidaciones complementarias giradas por la Conselleria de Economía, que sin duda provocará que la Administración deje de emitir este tipo de comprobaciones de valores de manera indiscriminada y dedique más esfuerzos a analizar el caso concreto.

Si tienes cualquier duda, consultanos sin compromiso.

 

Dpto. de Derecho Tributario y Fiscal.

Cañizares Abogados.

Optimización fiscal del patrimonio empresarial.

Optimización fiscal del patrimonio empresarial.

Las sociedades de capital –principalmente sociedades limitadas- constituyen la mayor parte de las personas jurídicas que operan en el tráfico mercantil de nuestro país.

No es extraño por tanto que algunas de estas sociedades, fruto de su actividad económica, hayan aglutinado un importante patrimonio –principalmente en bienes inmuebles-  que en no pocas ocasiones concentra todo el patrimonio familiar.

Con el paso de los años y la llegada de nuevas generaciones, se hace necesario redistribuir los activos de la empresa familiar mediante la transmisión de las participaciones en la empresa familiar, tanto en vida (donaciones) como por vía de herencia una vez fallecido el principal titular de las participaciones.

Se hace por tanto imprescindible la optimización fiscal del patrimonio empresarial, dado que uno de los objetivos fundamentales de toda empresa familiar es minimizar el coste fiscal tanto de la tenencia de participaciones como de la transmisión de las mismas a la siguiente generación.

Ello obliga, desde un punto de vista fiscal, a cuidar escrupulosamente el cumplimiento de ciertos requisitos para que, en la búsqueda de esa optimización fiscal del patrimonio empresarial, tanto la tenencia como la transmisión de dichas participaciones, goce de la exención prevista en el Impuesto de Patrimonio y de las bonificaciones que establece el Impuesto de Sucesiones y Donaciones  para la trasmisión de la empresa familiar.

Un análisis previo exige estudiar si se opta por la transmisión de participaciones en vida -vía donaciones- o por el contrario se planifica la futura transmisión mortis causa –vía herencia-, en cuyo caso cobraría gran importancia una correcta planificación testamentaria.

En lo que a los impuestos en cuestión se refiere, debemos hacer una clara distinción:

 1.- Por lo que respecta al Impuesto de Patrimonio, la Ley 19/1991 en su artículo 4 establece que estarán exentas las participaciones en sociedades a condición de que se cumplan una serie de requisitos en relación con la composición del accionariado, actividad de la mercantil, órgano de administración y retribuciones establecidas, etc., lo que obligará a consensuar en qué familiar se hacen coincidir las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma que exige la norma para gozar de la exención.

 En el caso de cumplir los requisitos para la exención, el valor de la empresa estaría 100% exento en el Impuesto de Patrimonio.

 2.- Por lo que respecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se trata de analizar los requisitos previstos en el artículo 20 de la Ley 29/1987 para que la transmisión de las participaciones esté bonificada, no siendo estos coincidentes en función de si la transmisión se realiza en vida o por causa de muerte.

 Cumpliéndose los requisitos previstos en dicha normativa la bonificación aplicable al valor de las participaciones de la sociedad es del 95% del valor de la misma, tanto para el caso de las donaciones como de las herencias.

 Todo ello puede generar un muy importante ahorro fiscal, tal y como exponemos en la simulación expuesta al final de este artículo.

Finalmente, es importante indicar que, dada la tremenda variabilidad de las normas fiscales que regula estos supuestos, la empresa, en su búsqueda de optimización fiscal del patrimonio empresarial, debe asesorarse con profesionales expertos en la materia que dominen globalmente la normativa y estén al día en las modificaciones legislativas.

EJEMPLO NUMÉRICO DE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA EXENCION DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO

 HIPÓTESIS: PATRIMONIO NETO DEL CONTRIBUYENTE

 2.590.000 € en participaciones en entidades.

300.000 € en otros bienes (no exentos).

 COSTE FISCAL “ANUAL” EN EL IMPUESTO DE PATRIMONIO (Aproximado)

      SIN EXENCIÓN DEL ART. 4,8 LIP à 19.000 €

      CON EXENCION DEL ART. 4,8 LIP à 400 €

COSTE FISCAL “INSTANTANEO” EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) (Aproximado con normativa estatal)

       SIN REDUCCIÓN DEL 95% à  > 700.000 €

      CON REDUCCIÓN DEL 95% à < 100.000 €

Dpto. Derecho Fiscal y Tributario.

Cañizares Abogados.

Innovación empresarial

Rafael Eloy Montero Gosálbez

Abogado, MBA, PMP

@RafaMontero

La semana pasada tuvimos la suerte de asistir a una charla sobre innovación empresarial en la Factoría de Innovación, el Centro de Excelencia del Elche, en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Elche.

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La jornada la impartió Ignacio Amirola y se plantearon claves para la mejora continua de las empresas y los proyectos.

Os dejamos aquí un gráfico elaborado por nosotros con un resumen de alguna de las lecciones que pudimos aprender en la jornada.

 

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Cañizares Abogados.