Categoría: Inversiones/Empresa

Ley de Segunda Oportunidad en Alicante

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La crisis económica sufrida estos últimos años ha dejado a muchos ciudadanos cargados de deudas. La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a estas familias una inmejorable ocasión para rehacer su situación económica, e incluso liberarse de todas sus deudas, pudiendo en el futuro emprender nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una deuda que jamás podría pagar.

Se trata de un novedoso procedimiento destinado a personas no empresarias -con contrato laboral, por ejemplo- y autónomos en situación de sobreendeudamiento que no puedan asumir el importe de sus deudas (préstamos personales, tarjetas de crédito, etc.)

El deudor deberá proponer un acuerdo extrajudicial de pagos, reduciendo las cuantías y prorrogando los plazos de pago, sin que se generen intereses. Para poder acceder a esta Ley de Segunda Oportunidad, el deudor debe cumplir una serie de requisitos que deberán ser valorados, en términos jurídicos, por abogados expertos en derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad, con el fin de probar la buena fe del deudor y llevar el expediente a buen término.

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El procedimiento se inicia mediante la solicitud notarial de un mediador concursal, a fin de que por éste se proponga un acuerdo extrajudicial de pagos a los acreedores, viable para el deudor, según su situación económica. En caso de ser aceptado, se liberará al deudor del pago de las deudas restantes, siendo importante destacar que las deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como las hipotecarias, no pueden ser canceladas.

En caso de no alcanzar un acuerdo con los acreedores, se iniciará una fase judicial en la que será básico que el deudor sea declarado de buena fe, en los términos de la Ley de Segunda Oportunidad, para que pueda obtenerse el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, con la consecuente cancelación total de las deudas.

En esta fase se procederá a la liquidación de todo el patrimonio para saldar las deudas con la Hacienda Pública, bancarias y los créditos contra la masa debiendo pagarse la deuda restante en cinco años. Una vez transcurridos estos, se cancelarán totalmente las deudas de por vida.

Otro de los beneficios de acogerse a este procedimiento es que todas las deudas contraídas hasta el momento en que se inicia el procedimiento quedarán incluidas en el proceso, de forma que las eventuales reclamaciones que pudieran iniciarse a causa de los impagos no darán lugar a embargos o ejecuciones contra el patrimonio del deudor, tutelándose todo el proceso por abogados expertos en derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad.

Si se encuentra en esta situación y desea que le hagamos un presupuesto personalizado que se adapte a sus necesidades, déjenos aquí sus datos.

 

Dpto. de Derecho Concursal. Cañizares Abogados.

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Plazo máximo de pago de 60 días entre empresas. El Tribunal Supremo pone coto a los grandes contratistas.

Desde que se aprobara la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales., hace ya más de diez años, se ha hablado mucho del plazo máximo de pago de 60 días entre empresas y de la posibilidad que tenían las mercantiles contratantes de aumentar dicho plazo en el que se podía demorar el pago.

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A nadie escapa que plazo máximo de pago de 60 días entre empresas es un elemento esencial para la supervivencia del tejido empresarial pequeño y mediano, que frente a las imposiciones de las grandes empresas y contratistas, ha tenido que soportar aplazamientos en los pagos auténticamente abusivos y desproporcionados.

No son pocas las cláusulas que hemos visto en muchos contratos mediante los que el subcontratista debe esperar seis meses, o incluso más, a cobrar un trabajo realizado y facturado.

La situación ha dado un giro radical con la Sentencia nº 688/2016 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de noviembre de 2016, habiendo sido ponente Don Francisco Javier Orduña Moreno.

Dicha sentencia no deja lugar a dudas y establece la imperatividad de la norma que limita el plazo máximo de pago de 60 días entre empresas, de forma que cualquier cláusula contractual que supere dicho plazo será nula, aunque haya sido establecida en un contrato firmado por ambas partes. O dicho de otra forma, diga lo que diga el contrato, los plazos de pago no pueden ser superiores a 60 días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

El Tribunal Supremo establece a modo de conclusión el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal establecida por la norma para el plazo del pago, comporta que todos aquellos pactos que exceden de dicho límite temporal, 60 días naturales, resulten nulos de pleno derecho por contravención de lo dispuesto en la norma imperativa (artículo 6. 3 del Código Civil).

Finalmente, concluye el Alto Tribunal dejando constancia, en cuanto al análisis de abusividad establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad entre empresas, de que, por lo general, el subcontratista asume una posición de inferioridad respecto del contratista principal de la obra, no pudiendo defender sus intereses en situación de igualdad.

Si tienes una empresa y tus cobros se demoran más de 60 días, ponte en contacto con nosotros y te haremos un presupuesto personalizado.

Departamento de Empresas. Cañizares Abogados.

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Contrato Platts de abanderamiento de gasolinera.

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Muchas de las gasolineras de nuestro país se encuentran sujetas contractualmente a la petrolera mediante lo que se conoce como un contrato Platts de abanderamiento de gasolinera, esto es, un contrato de suministro en exclusiva de carburantes y combustibles de automoción, mostrando la estación de servicio en todo momento publicidad e imagen de la petrolera en cuestión.

Se trata de un modelo de negocio que ha generado múltiples beneficios para ambas partes, permitiendo durante años el desarrollo de muchas gasolineras bajo el paraguas de una marca de reconocido prestigio.

En este post nos centraremos en los contratos de abanderamiento que fijan el precio de los combustibles en función de la cotización Platt’s. En este tipo de contratos, el precio que la estación de servicio paga a la petrolera por los combustibles se establece sobre la base del índice Platt’s, más una prima o Delta -fijada en el propio contrato para cada uno de los combustibles- que recoge los costes y márgenes de beneficio de la petrolera,

Hasta aquí todo bien.

Contrato Platts de abanderamiento de gasolinera.

Sin embargo, en los últimos años hemos podido comprobar por muchos de nuestros clientes cómo algunas petroleras de primer nivel han incumplido gravemente los términos del contrato Platts de abanderamiento de gasolinera bajo el falso amparo de las bonificaciones fiscales que el Gobierno de España estableció hasta el año 2012 sobre los biocombustibles. Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, con el fin de fomentar la utilización de biocarburantes (BIOS), introdujo una exención del Impuesto Especial sobre los mencionados biocombustibles, de manera que no pagaban impuestos a diferencias de los combustibles fósiles a los que estamos acostumbrados. De esta forma, la petrolera se beneficiaba del tipo impositivo especial cero (exención) a la salida del producto mezclado del depósito de CLH, dado que pagaba el impuesto única y exclusivamente sobre la parte correspondiente al gasóleo convencional.

Y es aquí donde comienza el problema (para las estaciones de servicio, como veremos) ya que las petroleras, no contentas con la exención fiscal, decidieron beneficiarse doblemente de la misma. Por un lado, no pagaban el impuesto a CLH -por la parte de Bios- y por el otro, sí le repercutían el 100% del impuesto a la estación de servicio, pese a no estar ello contemplado en el contrato Platts de abanderamiento de gasolinera firmado. O dicho de otro modo, se beneficiaban doblemente de la exención de impuestos sobre la parte de BIOS, ya que, no se la pagaban a su proveedor (CLH) pero sí se la cobraban a su cliente (Estación de Servicio).

De esta forma, parece evidente, y así lo han reconocido ya Tribunales de Primera Instancia, que las petroleras incumplían el contrato al aplicar indebidamente un mayor precio al producto que el convenido en el contrato.

No resulta necesario exponer los enormes y cuantiosos perjuicios que se trasladan de esta forma a la gasolinera, dado que ésta compra su materia prima -las gasolinas y gasóleos- a un precio mayor que el acordado.

Y si esta situación resultaba injusta, aún mayor asombro provoca si cabe, el hecho de que, dictada por el Gobierno la Ley 2/012, que suprimió el tipo cero o exención que hasta el momento tenían los BIOS -y del que tan solo se beneficiaban las petroleras que no las gasolineras-, las petroleras no tuvieron mayor inconveniente en incrementar nuevamente y de forma arbitraria el precio de los combustibles. Y lo hicieron mediante un sobrecoste en la facturación (además, por supuesto, de la aplicación Impuesto Especial de Hidrocarburos sobre el 100% de los litros vendidos).

Como no puede ser de otra forma, esta conducta, que tuvo lugar a partir de enero de 2013, también merece ser condenada por los Tribunales, declarando éstos que si durante la vigencia de la exención del Impuesto Especial de los BIOS no estaba justificado incrementar el precio del producto por un concepto no pactado, tampoco podía servir de excusa para que la petrolera aplicase ese sobrecoste una vez finalizada la exención fiscal.

Los informes periciales realizados hasta la fecha cuantifican el perjuicio de la estación de servicio en más de 1 peseta (sí, las antiguas pesetas) por litro de combustible vendido a consumidores.

Existen ya en nuestro país precedentes judiciales que declaran que la actuación de la petrolera no es conforme a Derecho, entendiendo que una parte esencial del contrato, como es el precio, quedó al arbitrio de uno de los contratantes (la petrolera), infringiéndose de esta forma el artículo 1.256 del Código Civil.

La consecuencia de todo ello no puede ser más que una sentencia que declare el incumplimiento contractual de la petrolera, condenándole a devolver a la estación de servicio el importe de los sobrecostes indebidamente cobrados a la gasolinera, con sus correspondientes intereses legales, imponiendo así mismo el coste de los gastos procesales.

Si desea más información, puede contactar con Cañizares Abogados aquí.

 

Alberto Cañizares. Socio Director.

Dpto. de Empresas. Cañizares Abogados.

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Abogados y gasolineras. Una pareja simbiótica. (Parte II).

En la primera parte de este post ya comentábamos los problemas que se estaban generando en la aplicación de los contratos de suministro referenciados al índice Platts, existiendo ya precedentes judiciales, tal y como explicamos aquí. Problemas que se concretan en la exención fiscal que el Gobierno concedió hasta el pasado 31 de diciembre de 2012 y que las petroleras no habrían repercutido a sus clientes, es decir, las propias estaciones de servicio y gasolineras.

Y siendo ello importante en términos económicos, no es menos destacable la situación que hemos observado en algunos contratos de suministro de carburante referenciados al índice Platts, en los que las grandes petroleras, una vez finalizada la exención –mediante la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio– están cargando un sobrecoste indebido al precio del producto que no tiene amparo en el contrato.

De esta forma, se estaría generando un nuevo incremento no pactado de los precios de compra del combustible que tampoco encontraría amparo en la legislación aplicable y que haría muy recomendable que abogados y gasolineras fueran de la mano.

Incremento que se estaría ejecutando mediante el aumento unilateral del tercero de los elementos que componen la fórmula contractual (COTIZACIÓN PLATTS + PRIMA + IMPUESTOS) de cálculo del precio del producto, esto es, la PRIMA.

Lo cierto es que puede llamar la atención este tipo de comportamientos y sobre todo, la facilidad para detectarlos; sin embargo, la complejidad del tipo de contrato referenciado al índice Platts, hace que la detección de este tipo de irregularidades (tanto los que se comentan en este post como las relacionadas en su primera parte) requieran de un experto que analice las facturas con conocimiento de los hechos que nos ocupan. De otra forma, el responsable de la estación de servicio puede estar perdiendo grandes cantidades de dinero y no ser consciente de ello.

Se trata pues de un nuevo elemento para valorar la relación entre abogados y gasolineras, dado que, al margen de problemas concretos, la prevención es siempre recomendable en cualquier negocio.

Una vez que se detecten este tipo de prácticas, el procedimiento judicial para su reclamación es relativamente sencillo, siendo necesario interponer una demanda de juicio ordinario en el que el informe pericial deberá acreditar al Tribunal tanto el error de la petrolera como la cuantificación de los gastos generados para la gasolinera.

Como siempre, recomendamos contratar abogados expertos en la materia que defiendan nuestros intereses con solvencia frente a las grandes compañías del sector, de forma que la relación entre abogados y gasolineras resulte efectivamente simbiótica.

Déjanos aquí tu consulta. 

Alberto Cañizares.

Dpto. Derecho Mercantil.

Socio Director en Cañizares Abogados.