Categoría: Derecho Penal

Delito fiscal (II).

delito fiscal (II)

Como ya explicamos en la primera parte de este artículo, eludir el pago de tributos o impuestos, disfrutar de beneficios fiscales que no nos corresponden u obtener indebidamente devoluciones, está sancionado penalmente con el temido delito fiscal.

Ya no se trata pues de que la Agencia Tributaria persiga nuestros bienes, presentes y futuros, con el fin de resarcirse de la cantidad objeto de fraude fiscal a través de los consiguientes embargos, sino que además, el presunto defraudador se verá inmerso en un largo y penoso procedimiento penal en el que se dilucidará si efectivamente procede sancionar aún más la reprochable conducta mediante la condena penal, incluyendo, por supuesto, cárcel.

delito fiscal

Las sucesivas modificaciones del Código Penal han fijado penas de cárcel realmente elevadas para este tipo de fraudes, de modo que, ante los indicios de una posible comisión de delito fiscal, recomendamos encarecidamente utilizar el mecanismo previsto en el artículo 307 del Código Penal, mediante el que Hacienda da una última oportunidad al obligado tributario de eximirse de su responsabilidad penal “antes de que se la haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación a las mismas, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.”

El obligado tributario, con el fin de eximirse de la responsabilidad penal del delito fiscal, contemplada en los artículos 305 a 310 del Código Penal, deberá “reintegrar una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió”.

Es importante destacar que esta exención de responsabilidad por delito fiscal abarca también las posibles falsedades instrumentales que, en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, hubiese podido cometer con carácter previo a la regularización de su situación.

Por otro lado, es importante poner de manifiesto una reciente pena agravada, consistente en la publicidad y acceso que se va a dar de los datos de los condenados por delito fiscal, ya que en virtud de la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, ha comenzado a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), información de las sentencias firmes dictadas en materia de fraude fiscal desde el pasado 11 de noviembre de 2015, recogiendo el nombre y apellidos o razón social del condenado, el delito cometido, la pena impuesta y la cuantía a resarcir.

Cómo es fácil de deducir, el hecho de que el acceso a los datos de los condenados por delito fiscal sea público, puede tener consecuencias muy negativas en el desarrollo de la actividad profesional de los mismos, por cuanto, tanto su imagen como sus relaciones mercantiles pueden verse seriamente perjudicadas.

Por todo ello, el asesoramiento legal es imprescindible en estos casos, un abogado especializado que te asesore, defienda y vele por tus intereses puede evitar no sólo la responsabilidad penal asociada a su comisión, sino también el pago de cuantiosas sumas de dinero.

Consultanos sin compromiso. 

Doña Beatriz Vildósola.

Dpto. Derecho Penal. Cañizares Abogados.

Delito fiscal. Cómo afrontar la llamada de Hacienda.

Delito_fiscal

Eludir el pago de tributos, disfrutar de beneficios fiscales que no nos corresponden u obtener indebidamente devoluciones, está sancionado gravemente como delito fiscal cuando el presunto fraude supera una cantidad determinada, quedando tipificado en los artículos 305 a 310 del Código Penal donde se recogen las consecuencias por la comisión de este delito, que fija penas de prisión y multas.

 Así, podemos distinguir entre el delito fiscal general y agravado.

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El tipo general es aquel que supone una defraudación de más de 120.000 euros, y está castigado con pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la mencionada cuantía. El plazo de prescripción de este delito es de 5 años.

Nos encontraremos ante el tipo agravado cuando la cuota defraudada supere los 600.000 euros, o cuando el delito se cometa en el seno de una organización o grupo criminal, siendo entonces  el castigo contemplado en el Código Penal la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble del séxtuplo de la cuota defraudada. En estos casos, el plazo de prescripción se amplía hasta los 10 años.

En ambos casos, la prescripción del delito suele ser una vía a estudiar por sus posibles beneficios para el acusado.

Hacienda exige que se devuelva no sólo la cuota defraudada, sino también que se ingresen los intereses de demora, así como la sanción que en cada caso se imponga, perdiendo el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años en el caso de encontrarnos en el tipo general y de cuatro a ocho años respecto al tipo agravado.

Pero además, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria, pudiendo por tanto iniciar las actuaciones dirigidas a recuperar la cantidad reclamada por la Hacienda Pública, salvo que el Juez acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución, prestando previamente una garantía.

Es pues evidente que el delito fiscal genera serio problemas tanto en el ámbito penal como en el económico, ya que a la espada de Damocles de la posible pena de cárcel, se unen los problemas económicos dado que Hacienda dispone de avanzados mecanismos para cobrar deudas y bloquear bienes de todo tipo.

El delito fiscal aúna como pocos las especialidades del Derecho Procesal Penal y el Derecho Fiscal y Tributario lo que hace necesario contar con un equipo de abogados y asesores tributarios y fiscalistas que asegure una defensa experta y global en todos esos aspectos con el fin de salir airoso y evitar no sólo la responsabilidad penal asociada a su comisión, sino  también el pago de cuantiosas sumas de dinero.

Si se encuentra en este amargo trance, no dude en contactar con nosotros y asesorarse con profesionales expertos en delito fiscal.

 

Doña Beatriz Vildósola.

Dpto. Derecho Penal.

Cañizares Abogados.

Una denuncia falsa te puede salir muy cara.

Durante los últimos meses hemos detectado un considerable aumento de preguntas sobre las consecuencias de las denuncias falsas. Normalmente se trata de denuncias por robo del teléfono móvil o accidentes de tráfico con el fin de reclamar al seguro la indemnización. El problema surge cuando lo que ha ocurrido realmente es que no ha habido accidente o  simplemente se ha perdido el teléfono móvil o bien el denunciante ha sido victima de un hurto al descuido. Como es sabido, la diferencia entre robo y hurto se concreta en la existencia de violencia en la sustracción, entre otros muchos factores que no son objeto de este artículo. Todos tenemos un amigo, familiar o conocido que nos ha dicho eso de: “si hubieras dicho que te lo habían quitado por la fuerza, el seguro te lo habría pagado”.

Así las cosas, vamos a abordar brevemente el supuesto en cuestión para evitar  sorpresas desagradables; máxime cuando nos consta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están poniendo el acento en este tipo de denuncias falsas, apoyadas por las propias compañías de seguros y telefonía y la tecnología que tienen a su disposición.

una denuncia falsa te puede salir muy cara

Interponer una denuncia sobre hechos que no son ciertos no es poca cosa, y deben tenerse muy en cuenta las posibles consecuencias que pueden derivarse. Ya hay precedentes en la  Audiencia Provincial de Alicante, condenando a 6 meses de cárcel y multa a 2 hermanos que simularon accidente tráfico para estafar al seguro.

El Código Penal sanciona gravemente la interposición de denuncias falsas. A saber:

 Artículo 456 del Código Penal

 1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

1º. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

2º. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

3º. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

Como vemos, poner una denuncia falsa y simular haber sido victima de un delito puede salir bastante caro, puesto que, de demostrarse la falsedad de lo denunciado -y como decimos, las nuevas tecnologías facilitan considerablemente esta labor-, el denunciante se enfrenta a una posible pena de cárcel y/o multas bastante elevadas, debiendo reseñar además que estas penas llevan aparejadas antecedentes penales, con los perjuicios que ello conlleva.

No cabe duda de que aconsejamos que bajo ningún concepto se interponga una denuncia falsa; pero si por lo que fuere se llega a ese punto, no debe tratarse como algo  sin importancia; más al contrario, os aconsejamos sinceramente que os asesoréis con profesionales del derecho penal por cuanto la denuncia falsa puede salir muy cara.

Si deseas contactar con nosotros y pedir un presupuesto, déjanos tus datos aquí.

Dpto. Derecho Penal. Cañizares Abogados.
@CanizaresAbog
966.37.77.93 – 966.08.64.52 / info@canizaresabogados.es
Avda. Aguilera 38 – 4ª planta. 03006 – Alicante.
Visítanos en www.canizaresabogados.es

Alcoholemia. Conducir borracho se paga caro. ¿Qué pasa si me paran en un control de alcoholemia?

Seguramente los más jóvenes no recuerden aquello que decía Stevie Wonder allá por los ’80 “Si bebes, no conduscasss”; Los que ya contamos algunos años y además ejercemos la abogacía sabemos que el bueno de Stevie tenía razón. Una tasa de alcoholemia alta y coche o moto son mala combinación.

Supongamos que bebemos más de la cuenta y/o consumimos drogas y decidimos ponernos al volante.

¿A qué nos exponemos?

Pues en primer lugar y más importante es a poner en riesgo nuestra integridad y la de los demás; motivo más que suficiente para desechar nuestra desafortunada idea.

En segundo lugar somos candidatos a cruzarnos con el temido control de alcoholemia y drogas, lo que puede derivar en una sanción administrativa (multa) cuando superemos la tasa de alcoholemia que ilustramos en la siguiente tabla:

CONDUCTOR

TASA EN AIRE

TASA EN SANGRE

GENERAL

0,25 mg/l

0,5 g/l

NOVEL

0,15 mg/l

0,3 g/l

PROFESIONAL

0,15 mg/l

0,3 g/l

 

 

 

 

Sin embargo, si por una de esas casualidades, la tasa de alcoholemia supera en aire espirado los 0,60 miligramos por litro o en sangre 1,2 gramos por litro, entonces el problema es mucho más serio, dado que ya pasamos DELITO con todo lo que ello conlleva, es decir: nuestro coche pasa a estar inmovilizado, la policía  nos retira el carné de conducir y nosotros seremos citados a juicio rápido a la mañana siguiente, donde además de soportar la resaca, deberemos enfrentarnos a un fiscal y a un juez, que Código Penal en mano, barajan las siguientes penas:

 Artículo 379 del Código Penal

2. “…la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.”

 

¿Qué ocurre si por un momento se nos pasa por la cabeza no hacer la prueba de alcoholemia o drogas pensando que así no nos pillan?

Pues pasa que la cosa se pone un pelín más complicada aún, por que si nos fijamos en lo que dice el Código Penal, resulta que la pena contemplada es CÁRCEL, y aquí no existe la posibilidad como ocurría en el supuesto anterior de optar por la pena de multa o trabajos en beneficio dela Comunidad.

Artículo 383 del Código Penal

“…..la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

 

¿Qué pasa si ya tenemos antecedentes, es decir, tuvimos un problema de este tipo previamente, perdimos el carné y aún así decidimos tentar a la suerte conduciendo con la esperanza de que nadie se entere?

Pues para este caso, el Código Penal nos tiene reservada en la mayoría de los casos una multa ejemplar (y con ejemplar me refiero a una multa por un pastón de los que quitan el hipo) y en el peor de los casos pena de prisión. Para el caso de que la pena sea de cárcel habrá que tener en consideración que ésta sería la segunda infracción y por lo tanto sería muy complicado evitar la entrada en prisión.

 Artículo 384 del Código Penal

“…. pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

 

En cualquiera de estos supuestos, la mejor opción es asesorarse con un abogado especializados en derecho penal y juicios rápidos por alcoholemia, que puedan analizar el caso, tanto en su fase policial como judicial, en busca de algún elemento que anule o invalide el procedimiento o algún otro hecho extintivo de la responsabilidad penal, o en su defecto, pueda negociar una conformidad con el Ministerio Fiscal que reduzca la pena al mínimo.

Independientemente de lo anterior, nuestro consejo es que si no queremos pasar un mal trago, lo mejor es que si hemos bebido y tenemos que volver a casa, en lugar de coger el coche optemos por medios de transporte alternativos como un taxi, bus, el Tram o la más económica, que es convencer a ese amigo/a misericordioso que todos tenemos (y que está SOBRIO), para que nos haga de chófer y si se tercia nos arrope y nos de un besito en la frente antes de acostarnos.

La opción B es que si nos hemos metido en un lío de este calibre contactéis con nosotros, os asesoraremos.

 

 

Dpto. Derecho Penal.

Cañizares Abogados.

 

¿Qué es la Doctrina Parot?

Con motivo de la consulta de uno de nuestros queridos seguidores, pretendo a título personal -con el visto bueno del director del departamento de Derecho Penal, Santiago Talavera- redactar un breve artículo que explique, de la manera más sencilla posible, lo ocurrido con la Doctrina Parot y su reciente caída con motivo de Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos despasado 21 de octubre de 2.013.
  Vaya por delante que no soy especialista en Derecho Penal, por lo que, si en mi ánimo de simplificar un asunto tan complejo, cometiera algún error, pido disculpas por adelantado.
  Para hacerlo práctico, tomaremos el caso de la terrorista Inés del Río, cuyo caso ha provocado la caída de la conocida como “Doctrina Parot”.
  En primer lugar debo manifestar que personalmente desearía que esta persona no saliera jamás de prisión, puesto que sus crímenes son horribles y no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento.
  Pero una cosa son los sentimientos y otra el Derecho y en este breve artículo pretendo explicar las razones puramente jurídicas que llevan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbar la Doctrina Parot.
La terrorista Inés del Río fue condenada a 3.828 años de cárcel por el asesinato de 24 personas.
El Código Penal de 1.973 establecía que nadie podía estar en la cárcel más de 30 años.
Pues bien, el problema viene en los beneficios penitenciarios (reducción de los días de cárcel por buen comportamiento y demás) y especialmente sobre qué se aplican esos beneficios penitenciarios.
Aplicado al caso concreto, la cuestión es si los beneficios penitenciarios se le aplican a la terrorista sobre los 3.828 años o sobre los 30 años máximos que se puede estar en prisión.
Y aquí viene el lío, puesto que si bien inicialmente el Tribunal Supremo de España (mediante sentencia de 8 de marzo de 1994) dijo que los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre el límite de 30 años máximos de cárcel, posteriormente (mediante sentencia de fecha de 28 de febrero de 2006) modificó su criterio y dijo que debían aplicarse sobre el total de los años de condena (3.828 años en el caso que nos ocupa) y no sobre el límite máximo de 30 años.
Y esto es lo que se conoce como la Doctrina Parot, que viene a ordenar que los  delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, es decir, 30 años. Doctrina que coge su nombre del terrorista Henri Parot (que había conseguido reducir su pena de 30 a 20 años de cárcel, pese a estar condenado a 4.700 años por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990), ya que esta decisión del Tribunal Supremo se creó en el caso contra el terrorista Henri Parot para que saliera de prisión lo más tarde posible.
Y claro, la diferencia es grande, ya que en el caso de la terrorista Inés del Río se trataba de salir en libertad el 2 de julio de 2008 (de no aplicarse la Doctrina Parot) o el 27 de junio de 2017 (de aplicarse la Doctrina Parot).
Lo peor de todo es que si bien la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afecta únicamente al caso de Inés del Río, lo cierto es que abre la puerta a excarcelaciones de hasta 54 miembros de ETA y 7 del GRAPO por los mismos motivos.
Por otro lado, la buena noticia es que tan sólo se aplica a los presos condenados antes de 1995, cuando fue reformado el Código Penal, siendo importante destacar que con la modificación del código penal en 2003, el límite de cárcel fue elevado hasta los 40 años y la posibilidad de reducirla por trabajo fue suprimida.
Con estos mimbres, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien es opinable y discutible -como todo en la vida-, lo cierto es que es defendible desde el punto de vista puramente jurídico, dado que un principio fundamental del derecho es que las normas no deben aplicarse de forma retroactiva y mucho menos en derecho penal, donde los cambios legislativos deben siempre jugar a favor del condenado.
Dicho lo cual, si bien no estoy de acuerdo con la sentencia a título personal, como ya he dicho al comienzo, lo cierto es que uno de los problemas es en este asunto se está dando poca información y haciendo mucha demagogia.
Me cuesta pensar que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quieran dejar en libertad a los terroristas; me inclino más por felicitarme porque los demócratas sí defendemos el Estado de Derecho, incluso cuando sus consecuencias no nos gustan.
Y ello nos diferencia claramente de los terroristas, que sólo atienden y en tienden el terror y el miedo.
Alberto Cañizares.

Abogado.